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Por Daniela Figueroa V.

La Cámara Baja aprobó una indicación al presupuesto 2021, que apunta a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tras el Estallido Social del 18 de octubre de 2019. Sin Tacos Ni Corbata conversó con el diputado PC Daniel Núñez sobre esta instancia reparatoria quien señaló que ésta “tiene la intención de ser una pensión de subsistencia”.

El parlamentario sostuvo que “esto tiene que ver con todos los casos que nos han horrorizado ocurridos después del 18 de octubre del año pasado producto de la represión. Con situaciones dramáticas como las que viven Fabiola Campillai o Gustavo Gatica, o en Coquimbo Rolando Robledo”.

Agregó que “todas estas personas se ven absolutamente incapacitadas de realizar sus actividades laborales y además tienen que someterse a costosos tratamientos médicos y ellos prácticamente se encuentran hoy en día en la indigencia”.

El diputado PC señaló que lo de fondo aquí es “¿El Estado se va a hacer cargo de la situaciones que generaron la represión brutal de los agentes policiales militares o sencillamente va a creer que esto es un problema privado y se va a desentender? A mí me parece que es algo de humanidad.” Por eso le llama la atención que el gobierno no se haya allanado a tomar esta medida.

Respecto a los montos de esta pensión de subsistencia, el diputado PC señaló que el piso es el salario mínimo, y que desde esa base se puede discutir según la gravedad de los daños.

Daniel Núñez comentó que según la información que obtuvieron del Instituto de Derechos Humanos, se trata de unas 500 personas que sufrieron daños oculares y mutilaciones, y de unas 45 víctimas de la represión que quedaron con daños graves en muchos casos como discapacitados.